A Marie-Jean-Antoine Nicolas de Caritat, marqués de Condorcet, (1743-1794) le corresponde el mérito de haber demostrado matemáticamente que la democracia es el mejor sistema para conocer lo que es mejor para una sociedad. El método es sencillo e, incluso, intuitivo cuando se aplica al campo de la medicina: puestos a descubrir cuál es la mejor terapia respecto de una enfermedad, lo mejor es consultar al mayor número de médicos.
Cuando trasladó este razonamiento al campo de la política, Condorcet observó que la democracia era útil para elegir a los dirigentes políticos, pero para ello tenía que darse dos condiciones. La primera es que los votantes tuvieran el hábito de acertar más veces de las que se equivocaran. Y la segunda, que votaran siempre dejándose guiar por lo que consideraran que era el interés general, no el suyo en particular. Cumplidas estas dos condiciones, cuanta más gente vote, más cerca se estará de la certeza.
Una encuesta de opinión, como la que publica este domingo el diario EL PAÍS a propósito de cómo evalúan los españoles las primeras medidas del Gobierno de Mariano Rajoy, no es exactamente un proceso electoral, pero se parece lo suficiente como para comprobar, aplicando los criterios de Condorcet, la inutilidad de la propia encuesta. De hecho, casi todas las preguntas están formuladas apelando al interés particular del encuestado, llegando al caso de preguntar si las medidas económicas del nuevo gobierno le perjudican personalmente. El resultado de la encuesta demuestra cómo les sientan las medidas de Rajoy a los individuos encuestados, pero nada dice sobre si esas medidas contribuyen o no al interés general.
En una conferencia titulada La opinión pública no existe, el sociólogo francés Pierre Bourdieu expuso que una encuesta de opinión se basa en tres presuposiciones. La primera es que todo el mundo puede tener una opinión, soslayando el hecho de que la economía o la política son saberes, y, como tal, susceptibles de que se posea en mayor o menos grado. La segunda, que todas las opiniones valen lo mismo, de tal forma que viene a pesar lo mismo la opinión de quien ha reflexionado concienzudamente sobre la cuestión que la opinión de quien por primera vez se topa con una pregunta como esa. Y la tercera, que existe un consenso social sobre las preguntas que vale la pena plantear. Para Bourdieu, estas tres presuposiciones, por ser falsas, distorsionan más los resultados de la encuesta que el hecho de que la muestra sea más o menos representativa.
Es obvio que no solo Bourdieu estaba al corriente de la falsedad de esas tres presuposiciones. E incluso, al día de hoy, 35 años después de dictada esa conferencia, todos los sociólogos saben que las encuestas no sirven para conocer lo que piensa la opinión pública. Entonces, ¿para qué sirve una encuesta? El propio Bourdieu, adelantándose a los tiempos, afirmó
La encuesta de opinión es, en el estado actual, un instrumento de acción política; su función más importante consiste, quizá, en imponer la ilusión de que existe una opinión pública como sumatoria puramente aditiva de opiniones individuales; en imponer la idea de que existe algo que sería como la media de las opiniones o la opinión media.
Es decir, la función principal de una encuesta de opinión consiste en que el beneficiado por la misma, en este caso el gobierno de Rajoy, pueda afirmar que la opinión pública está de su parte, tal como hace unos siglos, dice Bourdieu, los gobernantes afirmaban que «Dios está de nuestra parte». Y esto se consigue por la vía de hacer pasar el interés general del que hablaba Condorcet como el resultado de la suma de los intereses particulares de cada uno de los individuos.
Resulta así obvio que la principal función informativa de una encuesta de opinión consiste en contribuir a la creencia de que no existe vida más allá de una democracia entendida en términos liberales: la función del Gobierno consiste, tan solo, en facilitar la vida a la mayoría de los individuos.
Como se sabe, la tradición democrática liberal privilegia el marco de la autonomía privada y, en consecuencia, revela una preferencia por las libertades de los individuos. La opinión pública es entendida como un ámbito de negociación entre intereses particulares, de tal forma que el estado de la opinión pública refleja «el interés de la mayoría de los españoles según lo formulan ellos mismos en la privacidad». Esta tradición dio soporte a la realidad política de las distintas democracias que fueron emergiendo en Europa desde el siglo XIX. Pero a partir de la segunda guerra mundial, se produjo un cambio cualitativo, al irse aprobando textos constitucionales que, a la larga, habrían de hacer inviables algunos planteamientos del liberalismo, en particular el de cómo había de entender el espacio de la opinión pública.
Como ha señalado Carlos Santiago Nino (2003), el Estado constitucional supone una constitución que sólo puede justificarse a través de razones por la vía de un discurso público que fundamente toda la práctica política. Por eso, frente al modelo democrático liberal han surgido las alternativas republicana y deliberativa de democracia, que pretenden sustituir el intercambio de intereses del liberalismo por el intercambio de razones.
La tradición democrática republicana hace esto insertando la política en el marco restringido de la tradición en la que los individuos se han socializado. En este sentido, las razones encuentran o no el respaldo de la tradición de esa sociedad. La tradición democrática deliberativa, por su parte, se presenta como una opción más fuerte que la liberal y más débil que la republicana, entendiendo la opinión pública como el resultado de una actividad encaminada al entendimiento entre los individuos a través de procedimientos institucionalizados.
A diferencia de la tradición liberal, las tradiciones republicana y deliberativa sostienen que la democracia es un mecanismo que puede transformar los intereses auto-centrados de los individuos. Pero, en la tradición republicana, la sociedad, en su conjunto, es entendida como el agente soberano, por lo que esta tradición acaba atribuyendo derechos a ese órgano colectivo que actúa por encima de los individuos. Para los republicanos, lo que cuenta es «el interés de España».
La tradición deliberativa rechaza la entronización del macro-sujeto estatal y concibe el proceso democrático como un ejercicio de razón práctica que tiene en cuenta tanto los derechos individuales como el interés común. El espacio de la opinión pública consiste, entonces, en la búsqueda cooperativa de soluciones a los problemas a través de la deliberación. Para los deliberativos, lo que cuenta es «el interés de todos los españoles según como lo formulan ellos mismos a través del intercambio de razones».
Para defender este valor epistémico de la democracia se debe establecer algún mecanismo que explique cómo las decisiones que son fruto de un procedimiento democrático satisfacen, a su vez, los exigentes requisitos de la racionalidad. Pedro Pérez Zafrilla, poniendo al día las tesis de Condorcet, afirma que decir que la democracia posee un valor epistémico significa que los ciudadanos podrían depositar confianza en el proceso democrático porque el resultado al que se llega mediante él no sólo es justo, sino que además es correcto. Y esta corrección se adquiere a través de la formación de una voluntad que consigue la integración social por la vía de la calidad racional de los discursos. Así, en palabras de Jürgen Habermas, esta concepción de la democracia concibe la esfera pública como una caja de resonancia que detecta los problemas que atañen al conjunto de la sociedad, depura los discursos, filtra las contribuciones relevantes y refleja estas opiniones públicas en el público disperso de los ciudadanos y las transmite a las agendas formales de las corporaciones competentes. Nada que ver con una encuesta de opinión.
En el curso de este intercambio de razones, se cumple con el principio de autonomía individual, al reconocer a cada individuo en sus deseos y necesidades, al tiempo que se les exige que los universalicen a través de criterios de imparcialidad. Asimismo, el debate público sin restricción sirve, como afirma Santiago Nino, para detectar errores fácticos y lógicos porque el uso de reglas de inferencia son el producto de facultades que todos tienen, y no es común que la mayoría de la gente cometa el mismo error.
La encuesta de opinión se constituye, así, en el instrumento ideológico fundamental que legitima una democracia entendida, de forma interesada, en términos liberales, en la que lo importante es que el Gobierno no obstaculice los intereses individuales que cada persona formula en la misma soledad que la que produce la cabina electoral. Pero la suma de los intereses particulares no crea sociedad, sino un mero aglomerado de átomos. Por eso, en este caso, y como en tantos otros, el medio es el mensaje.
Nota
Los autores y obras citados se corresponden con las siguientes referencias.
El artículo de Bourdieu está publicado en Bourdieu, Pierre (2003): Cuestiones de sociología. Traducción de Enrique Martín Criado. Primera edición: 1984. Madrid: Istmo. 272 páginas. ISBN 978-84-7090-379-3.
Las referencias a Carlo Santiago Nino se encuentran en Santiago Nino, Carlos (2003): La constitución de la democracia deliberativa. Barcelona: Gedisa. 304 páginas. ISBN 978-84-7432-640-6.
La de Pérez Zafrilla en Pérez Zafrilla, Pedro Jesús (2009: «Democracia deliberativa: una apuesta por el valor epistémico de la deliberación pública», Revista de Filosofía (ISSN: 0034-8244), volumen 34, número 1 (2009), páginas 155-173.
La de Habermas se encuentra en Habermas, Jürgen (2009): ¿Tiene aún la democracia una dimensión epistémica? Investigación empírica y teoría normativa. En Habermas, J. ¡Ay, Europa! Pequeños escritos políticos. Traducción de López de Lizaga, J. L., Madrigal, P. y Gil Martín, F. J. Primera edición: 2006. Madrid: Trotta, páginas 136-183.