En un clima pesimista sobre la evolución de la economía española y canaria, en el que las perspectivas sobre los derechos laborales y las prestaciones sociales parecen más sombrías que nunca, dos medidas de diferentes instituciones públicas de nuestra Comunidad llaman la atención. No diré que "poderosamente", porque en el actual estado de confusión, la ciudadanía está más preocupada porque el fantasma del paro y de la exclusión social pase de largo ante su puerta que por otros asuntos, digamos más simbólicos y, en apariencia, menos importantes.
Las medidas a que nos referimos son, por un lado, el reizado de una enorme bandera de Gran Canaria y, por otro, la financiación de los espectáculos artístico-culturales. El asunto de la bandera constituyó en su momento materia de debate entre los partidos mayoritarios (PP y PSOE) del Cabildo. El entonces presidente, José Manuel Soria, como ahora el actual, José Miguel Bravo de Laguna, consideraron políticamente relevante que una bandera gigante ondease en una plaza pública. Los medios de comunicación, en su anomia informativa, aprovecharon la ocasión para representar en sus propios términos una escenificación anacrónica de la querella de los antiguos contra los modernos. En realidad, a la ciudadanía pareció importarle muy poco la discusión, a la que, por otro lado, no se le había invitado. Además, la apelación a símbolos identitarios para reunir en torno a ellos a una sociedad atomizada por la lógica capitalista de una sociedad de mercado y por la obsesión de los partidos por que los ciudadanos se abstengan de intervenir en el debate político parece cosa del pasado. En una sociedad compleja y plural en la que vivimos, en la que tanto la religión como los grandes relatos filosóficos han caído en descrédito, en la que, en cambio, reina el "politeísmo de los valores" y en la que las corrientes migratorias y la globalización económica han desvanecido cualquier ilusión de homogeneidad, da la impresión de que dicha política responde a una ideología organicista propia, insistimos, de otros tiempos. Además, y a este respecto deberían reflexionar los partidos que se dicen liberales, la función del Estado es, entre otras, la de asegurar la justicia en las relaciones sociales, económicas, etc., y no la de privilegiar ciertas ideas sobre la vida buena, que deberían dejarse a las elecciones privadas del ciudadano. No obstante, y atendiendo al principio de caridad, podríamos comprender esta medida, y la segunda que a continuación mencionaremos, como un conjunto de esfuerzos conscientes encaminados a proporcionar a la ciudadanía tanto una tabla de salvación identitaria como un escape de una cotidianidad asfixiante en cuanto a las perspectivas económicas y, por qué no, vitales.
Al hilo de esta suposición, se encadena la segunda medida de nuestras instituciones públicas, esta vez la financiación, parcial o total, de conciertos de música, tanto en la variante clásica como en la de pop-rock, y de otras manifestaciones culturales. Como ya hemos sugerido en otro lugar , el apoyo de las instituciones públicas a determinados eventos artístico-culturales, implica, a causa de que aquellas cuentan con un presupuesto finito, privilegiar ciertas actividades y discriminar, como consecuencia, otras. Y en un Estado democrático y pluralista, ¿cómo se puede concebir que el Estado en cualquiera de sus instituciones políticas dictamine a la ciudadanía que es lo que le debe preferir y lo que no en materia de gusto? Bastante se ha escrito ya sobre ese esfuerzo subvencionador que desde la primera etapa del PSOE en el Gobierno hasta la última época de bonanza económica sembró España y Canarias de museos, auditorios, palacios de deportes, galerías de arte, etc. Época, además, en la que precisamente se fomentó cierta idea, nada ingenua, de la cultura, y, dentro de ella, un canon obligatorio para el ciudadano que pretendiera considerarse culto, concepto este cuyo prestigio social se incrementó aún más. Hoy en día, con esta crisis económica en la que los gobernantes actuales y los futuros nos lanzan a diario mensajes sobre la necesidad de la reducción del gasto público y de la obligada resignación ante los recortes, entre otros, de los derechos laborales y de las servicios sociales, y tras los que se insinúan futuros políticas privatizadoras de la enseñanza y de la sanidad, tales subvenciones suscitan de inmediato interrogantes acerca no sólo de su idoneidad, sino también de sus verdaderos fines.
Como muestra, contábamos en un artículo anterior que el actual alcalde de la ciudad, Juan José Cardona, se negaba a mantener el festival WOMAD en las cantidades que hasta entonces se venían dando, y emplazaba a la organización a financiarse mediante patrocinio privado. Cifraba el alcalde la máxima aportación del Ayuntamiento en torno a los 125.000 euros, cantidad que se asignaba también sin ninguna consulta pública. Mes y medio después, oh milagro, el Ayuntamiento declara que aportará el doble (250.000 euros) para el mismo festival, que se celebrará, en cambio, durante un único día, sin que hasta la fecha hayan aparecido esos patrocinadores privados y sin que se haya planteado seriamente cobrar entrada a los ciudadanos que libremente quisieran asistir al espectáculo. Visto así, el órdago del alcalde parece haber concluido en fracaso, y deja traslucir esa ética de la responsabilidad que, a fin de cuentas, no deja de ser una rendición en toda regla a unos poderes que están fuera del control democrático.
Otro ejemplo de estos días es la noticia, anunciada día sí, día también por ciertos medios de comunicación, de que los ciudadanos de Gran Canaria íbamos a contar con la fortuna de que un grupo de pop/rock mejicano de fama mundial iba, de nuevo, a celebrar un concierto ("histórico", por supuesto) en la capital. Tanto Gobierno de Canarias (50.000 euros "por cada concierto", 150.000 euros de la Viceconsejería de Cultura a la productora "por temporada"), como el Cabildo de Gran Canaria (“que cede el Estadio y quizá algún dinero”) y finalmente el Ayuntamiento de Las Palmas (30.000 euros, frente a los 120.000 que tenía apalabrado el anterior equipo de gobierno) no han mostrado reparos en financiar con dinero público dicho espectáculo .
De este modo, el fomento de un simbolismo que se pretende cohesionador, por un lado; y la financiación de espectáculos de masas, por otro, parecen ser las soluciones que nuestros partidos en el poder ofrecen ante una crisis económica que ha dejado cerca del 30% de la población canaria en paro y un porcentaje similar por debajo del umbral de la pobreza. Da la impresión de que, a falta de una apuesta decidida por el igualitarismo social y por la implantación de estímulos a las empresas que no pongan en entredicho las conquistas laborales que se remontan al siglo XIX, ponen una vela al comunitarismo y otra al escapismo para que la ciudadanía no insista en colocar a los políticos y a las instituciones públicas en su punto de mira, sobre todo tras el fenómeno social del 15-M, cuya importancia, dicho sea de paso, no acaba de ser comprendida por las fuerzas políticas tradicionales. Veremos hasta cuándo los partidos políticos, los medios de comunicación y los empresarios subvencionados insistirán en seguir, pese a todo, con un modo de hacer las cosas que ya no cuenta con el respaldo de una ideología cultural triunfalista ni con un erario aparentemente ilimitado. Quizá no sea ya la hora de esos políticos profesionales, cuya credibilidad se presenta mortalmente erosionada por tanto pragmatismo mal entendido, ni de esos emprendedores que no arriesgan nada salvo el dinero de sus conciudadanos; tal vez sea la hora de las personas anónimas, que, sobrepujando la forma antigua de hacer política, se atrevan a inaugurar una nueva era en la que la solidaridad y la justicia dejen de ser ideales contrafácticos para convertirse en prácticas cotidianas que configuren una nueva sociedad.