Con motivo de las recientes declaraciones del alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona, respecto de la financiación de proyectos artístico-culturales, muchos han querido ver en ellas el rugido del bárbaro que pretende destruir los avances de la civilización. El primer edil se limitaba a señalar que las arcas municipales carecen de fondos para hacer frente a compromisos apalabrados por el antiguo grupo de gobierno y que es difícilmente justificable que el Ayuntamiento financie por completo espectáculos organizados por empresas cuya principal, si no única, fuente de ingresos es la aportación pública.
En la tesitura actual de crisis, las aportaciones monetarias públicas a actividades que no lleven aparejadas un retorno, tanto si son en forma de subvención como de contratación, son todavía más difíciles de justificar que en tiempos de bonanza. Hasta ahora, que se sepa, no se ha mostrado a la ciudadanía ningún estudio minucioso y pormenorizado que demuestre que el dinero gastado por las instituciones públicas en espectáculos del tipo que sean, ya sea operístico, rockero, cinematográfico o cualquier otro, ha revertido en beneficio para la ciudad o la Isla en su caso. Lo que, desde diferentes instancias, y no sólo las públicas, se ofrece a cambio son palabras. A todos nos resultarán familiares: “orgullo”, “satisfacción”, “colocar a Las Palmas/Gran Canaria/Canarias en el mapa”, “situarnos en el circuito europeo”, “beneficio turístico”, “imagen”, "valor intangible", etc. De vez en cuando, se alude a algún misterioso análisis de ‘impacto económico’ que “demuestra” los incontables beneficios, pero jamás se hacen públicos. Al fin y a la postre, los mentados impactos se desdibujan y se evaporan a medida que el evento en cuestión se hunde en el olvido. No sería desdeñable que las mismas instituciones que con tanta alegría se han apresurado a correr con los gastos de la cultura se aplicaran a realizar, por fin, un estudio serio que analizara la organización de los grandes eventos culturales en las dos últimas décadas en nuestra ciudad y el verdadero alcance de su supuesta influencia económica y social.
Así, la responsabilidad de los dirigentes políticos que en su momento ocupen el grupo de gobierno de la institución pública es máxima: a su cargo tienen la gestión y distribución del erario. El dinero público no es el dinero de nadie, es el dinero de todos, por lo que las declaraciones del actual alcalde acerca de la transparencia en las subvenciones y contrataciones del Ayuntamiento no deberían, en principio, por qué escandalizar. Que manifieste, además, que hay servicios esenciales para la ciudadanía que no deberían correr riesgo por el despilfarro en otras áreas, como la cultural, tampoco. Y es que el cajón de sastre de la cultura es infinitamente flexible, consecuencia lógica de la falta de control público de las cuentas de los proyectos que hasta ahora ha albergado.
Por otro lado, los lobbies culturales, en buena lógica, protestan por el perjuicio a sus intereses. Si bien parece legítimo que defiendan el modelo de negocio sin riesgo al que hasta ahora estaban acostumbrados, no lo es menos que el gestor público quiera hacer prevalecer el interés general al particular. Si la figura del empresario, al menos del pequeño, goza de merecido prestigio es porque, arriesgando su capital, satisface una demanda y obtiene un beneficio. Lo que no parece en absoluto loable es que un empresario arriesgue capital público y obtenga beneficios privados. Es decir, no pierde nunca. Asimismo, tampoco parece digno de aplauso que un político gaste dinero público en aventuras de ciudadanos privados y no exija que el beneficio o parte de él reviertan a la institución.
Por último, y no necesariamente en orden de importancia, los ciudadanos tenemos que ser conscientes de que los caprichos cuestan dinero. Debemos darnos cuenta de que los caprichos no son derechos, y que es absurdo, por no decir pueril, hacer equivaler el derecho a la justicia, a la sanidad, a la educación con el derecho a ver a Sting, a Netrebko, o a que se celebre el Womad, o un festival de cine, o uno de danza. No parece inapropiado señalar que, en el fondo, lo que subyace en este debate es un dilema moral respecto del cual todos debemos pronunciarnos. No sería descabellado del todo imaginar que a gran parte de la ciudadanía le importa un bledo lo que le pase a la más necesitada de ayudas públicas como resultado de la lotería social o genética.
Hay que señalar, además, que el anterior alcalde, Jerónimo Saavedra, y su equipo de la candidatura a la Capitalidad Cultural repetían una y otra vez la necesidad de quitarnos de encima cierto complejo de inferioridad que, según ellos, nos impedía apoyar sin reservas la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria a Capital Europea de la Cultura. Creo que tenían razón, pero en un sentido diametralmente opuesto al que ellos pretendían. Nuestras élites y clases medias-altas sufren ese complejo, al que se le suele llamar provinciano, que se manifiesta en que todo lo de afuera parece mejor, más bonito y fascinante. Si en Viena se escucha ópera, será bueno. Si Sting es famoso y celebra conciertos en Madrid y Barcelona, por qué no aquí. Si todas las ciudades importantes tienen orquesta filarmónica, aquí no vamos a ser menos. Si Netrebko canta en La Scala de Milán, no vamos a quedarnos a la zaga. Por no hablar de que, por sistema, la dirección de las instituciones culturales dan prioridad a la importación de estrellas de elevado caché antes que a la promoción de los talentos patrios, quienes en muchas ocasiones no desmerecen en absoluto a los primeros. Así, la distancia que nos separa culturalmente de Londres, Berlín, Milán o Barcelona no la solventamos a base de apuestas económicas innovadoras, de políticas educativas audaces, de disciplina vital, en el sentido de trabajar con honradez por un futuro digno para nuestra sociedad. Por el contrario, como intentar establecer esas medidas requeriría imaginación, esfuerzo y honradez a medio y largo plazo, lo que hacemos es tirar del presupuesto público... para que se pierda por ese sumidero simbólico llamado cultura. Pero ese modo de presumir que tienen las capas más acomodadas a costa de sablear las arcas públicas, y que han contagiado al resto de la población, es tan sencillo como engañoso, e insostenible a poco que, como ahora, la precariedad económica desnude todas nuestras carencias, que son muchas.