La investigación policial en torno a la SGAE trae de nuevo a la luz la alegría con la que en España se manejan parte de los recursos públicos. Esto es así porque si se tratara de una institución privada que gestiona fondos igualmente privados la operación policial no tendría más trascendencia que la que se dedujera de la responsabilidad penal, en caso de que la hubiese.
Por el contrario, estamos ante una institución en la que buena parte de los recursos que obtiene proviene de la actividad cultural que generan las administraciones locales, insulares, regionales y estatales. Piénsese en el Festival de Música, el Womad, el 'Minuet' en La Palma, las orquestas sinfónicas o el Festival de Teatro y Danza. Todos ellos pagan ingentes cantidades de dinero a la SGAE, que, por otra parte, ejerce de 'lobby' y presiona a las entidades públicas para que programen obras de las que cobra derechos de autor.
Por eso, si hay caso, no puede quedarse, como pretendía la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, en el problema de una entidad privada. Además, sorprende que la inspección quede en manos de las comunidades autónomas, como este viernes se apresuró a recordar el propio Ministerio. Quizás este asunto consiga llamar la atención sobre una de las cuestiones que nos ha llevado a la grave crisis económica actual, la desregularización y la falta de control sobre un modo de hacer negocio que permite a una empresa opacar su estructura hasta el punto de hacer casi imposible el control del dinero público que circula por ella.
Artículo publicado en Canarias7.es.